La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros, por las muertes y heridos ocurridos durante las protestas del 2022. El informe fue aprobado con 12 votos a favor y 2 en contra.
La denuncia acusaba a Boluarte y a su entonces gabinete de los presuntos delitos de homicidio calificado (art. 108), lesiones graves (art. 121) y lesiones leves (art. 122) del Código Penal. Sin embargo, tras revisar los documentos, los descargos de los denunciados y las declaraciones en audiencias, el congresista José Jerí (Somos Perú), encargado del caso, señaló que no hay pruebas claras ni suficientes que permitan responsabilizarlos directamente.
“Se ha determinado que no existen órdenes directas ni actuaciones dolosas que vinculen sus decisiones con las consecuencias fatales durante las protestas”, explicó Jerí en la sesión. Agregó que el informe no cierra la puerta a otras investigaciones: “Recomendamos el archivo, pero el Ministerio Público puede y debe seguir con las indagaciones necesarias.”
El archivo de la denuncia beneficia a Boluarte y a los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero, quienes eran parte del Ejecutivo cuando se desató una serie de protestas sociales con resultados trágicos. La mayoría de los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Según el Reglamento del Congreso y la Ley N.º 31118 (Ley que regula las denuncias constitucionales), la subcomisión solo evalúa si hay elementos suficientes para acusar a altos funcionarios. El Ministerio Público, en cambio, tiene la potestad de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales.
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