La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) instituyó el Observatorio Contralor Nacional, con la finalidad de recopilar de manera anticipada toda información relacionada con casos judiciales emblemáticos y de alta connotación social.
Esta institución se oficializa a través de la Resolución Administrativa 001-2024-JN-ANC-PJ, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La medida también alcanza a procedimientos administrativos disciplinarios que afecten al sistema de justicia y a la gestión institucional de la ANC-PJ, facilitando así una toma de decisiones eficaz y oportuna por parte de la alta dirección de la institución de control judicial.
La creación del Observatorio Contralor Nacional responde a un marco jurídico que fortalece el desarrollo óptimo de la entidad y sus oficinas descentralizadas en gestión administrativa, prevención, supervisión, inspección y control disciplinario de jueces y auxiliares jurisdiccionales.
Se destaca que este observatorio operará con total respeto a los fueros jurisdiccionales y la independencia de los jueces en todo el territorio nacional, medida que refleja el compromiso de la ANC-PJ con la imparcialidad y la protección de la autonomía judicial.
La Resolución Administrativa 001-2024-JN-ANC-PJ también establece que la Oficina de Gestión y Asesoría de Control Disciplinario, junto con el equipo de asesores, informará permanentemente a la alta dirección de la ANC sobre las actividades del observatorio, lo que garantizará una supervisión constante y una evaluación integral de su desempeño.
Asimismo designa a las jefaturas de las 34 oficinas descentralizadas de la ANC, al igual que al área de prensa de la institución de control judicial, responsables de proporcionar información oportuna, relevante y pertinente al observatorio para cumplir con sus funciones de manera efectiva.
En este contexto, Roberto Palacios Bran, jefe de la ANC-PJ, señala que “la institución del Observatorio Contralor Nacional refuerza el compromiso de la ANC-PJ con la transparencia, la rendición de cuentas y la excelencia en la administración de la justicia, para el fortalecimiento de la institucionalidad judicial en el país”.
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