La presidenta Dina Boluarte ha desatado una tormenta política al presentar un escrito al Tribunal Constitucional (TC) buscando restringir drásticamente el accionar del Ministerio Público en cualquier diligencia fiscal en su contra. Boluarte busca limitar a la Fiscalía a un único pedido de información o prueba documental, argumentando que múltiples solicitudes "perturbarían la gobernabilidad".
"Pedimos que aclare y precise que la Fiscalía podrá realizar como máximo un (1) pedido de información y/o una (1) solicitud de prueba documental a la Presidenta de la República en funciones”, reza el documento enviado al TC. La presidenta insiste en que, sin esta limitación, los pedidos podrían repetirse "de forma infinita", amenazando su estabilidad política. ¿Está la gobernabilidad por encima de la justicia?
El planteamiento de Boluarte no solo busca frenar investigaciones abiertas, sino también poner un cerrojo a cualquier indagación futura. De aprobarse su solicitud, el Ministerio Público tendría un único "disparo" para pedir información o pruebas, dejando a la presidenta prácticamente inmune a cualquier fiscalización seria durante el resto de su gobierno. ¿Es este el fin de la transparencia en el Perú?
El Tribunal Constitucional tiene ahora la última palabra.
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