Tres semanas antes de que el MEF aprobara un nuevo rescate financiero a Petroperú por USD 287.3 millones en bonos soberanos, Dina Boluarte defendió la operación. “Es una empresa estratégica” y “cumple un rol importante en la economía nacional”, afirmó la mandataria, al destacar que la cobertura de la petrolera “alcanza a todo” el territorio.
En la sesión del Consejo de Ministros del 3 de setiembre, la presidenta expresó su “preocupación” por la recuperación económica de la estatal y pidió “que se adopten medidas programáticas para mejorar el estado económico de la empresa”. Además, planteó reforzar la trazabilidad de los productos para evitar su uso en la minería ilegal, actividad que, subrayó, “genera un grave perjuicio sobre el ambiente y los derechos” ciudadanos.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla cuestionó el pronunciamiento presidencial. “Que la presidenta se inmiscuya en estos problemas constituye una interferencia con el gobierno de esta empresa y, evidentemente, presiona [al MEF] para seguir salvando a una empresa que es insolvente”, señaló. Añadió que los rescates a Petroperú ya representan el 1 % del PBI.
A su vez, Mercedes Aráoz afirmó que es “muy probable” que la petrolera continúe operando, pero urgió a “cambiar su organización, vender activos y ‘adelgazar’ sus sobrecostos”. Mientras tanto, Alfredo Thorne advirtió que el respaldo de Boluarte revela “un componente ideológico” y alertó que los US$287.3 millones no serán suficientes, por lo que el Gobierno podría encaminar nuevos rescates.
El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, defendió la transferencia al asegurar que se trata de un compromiso previo para “apoyar a Petro-Perú en los gastos de capital [...] No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda”. Sin embargo, los números en rojo continúan: solo en el primer trimestre de 2025, la estatal perdió USD 111 millones, mientras la Refinería de Talara opera por debajo del 50 % de su capacidad.
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