Lima. Luego de las polémicas que generaron la Ley 31751, o también llamada “Ley Soto”, por beneficiar al presidente del Congreso Alejandro Soto y salvarlo de ocho años de prisión, sus colegas Sigrid Bazán y Ruth Luque presentaron iniciativas para derogar dicha norma.
La primera en presentar un proyecto de ley para que quede sin efecto la ley, fue Sigrid Bazán (Cambio Democrático). Ella busca la modificación del artículo 84 del Código Penal referido a la suspensión de la prescripción y del artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal.
Recordemos que la actual norma establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales se acortó a un año.
Bazán alega que por ese recorte se está generando impunidad al permitir la prescripción de la acción penal de varios delitos, favoreciendo a los imputados, sobre todo a funcionarios públicos.
A Bazán, se sumó la legisladora Ruth Luque que, al igual que su colega, argumenta que la norma apoya la impunidad.
Luque fue una de las congresistas opositoras desde que presentaron el proyecto de la ley 31751. Ella mediante sus redes sociales advertía lo peligroso que sería y que corruptos usarían dicha norma para no terminar presos.
Si bien Soto se libró de ocho años de cárcel por esa norma, no es el único. También está Joaquin Ramírez y el parlamentario Jorge Flores Ancachi quien fue coautor de esa norma. Ahora su abogado intenta acogerse a la ley y así librar a Flores de una pena de 10 años por contratar funcionarios fantasmas, apropiarse de bienes y por otros delitos que habría cometido en Puno.
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