El excanciller Manuel Augusto Blacker Miller, figura clave del régimen de Alberto Fujimori, fue capturado en Río de Janeiro luego de permanecer siete años en la clandestinidad. La Policía Federal de Brasil lo ubicó en un departamento del barrio de Flamengo, tras un seguimiento coordinado por Interpol que incluyó una notificación roja vigente. El exdiplomático, hoy de 80 años, era buscado por un presunto fraude financiero cometido en Albania.
Según el medio brasileño UOL, la Unidad de Cooperación Internacional seguía los movimientos del exministro entre varias viviendas, maniobra que utilizaba para evitar ser localizado. Pese a haber defendido su inocencia durante años, el operativo se ejecutó sin resistencia, poniendo fin a una prolongada etapa en la que permaneció fuera del alcance judicial tanto de Albania como del Perú.
Las acusaciones que sustentan el pedido internacional se remontan a su actividad empresarial tras dejar el gobierno peruano. Las autoridades albanesas lo señalan de un presunto esquema de fraude vinculado a la construcción de una incineradora de residuos urbanos, proyecto en el que habría ofrecido inversiones que nunca se concretaron. Por estos hechos, la Fiscalía de Albania solicita una condena de 18 años de prisión y espera reactivar el trámite de extradición con su captura.
Blacker Miller ya tenía antecedentes judiciales en el Perú. En 2007 fue sentenciado a cuatro años de prisión por su participación en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Tras aquella condena, se instaló en Europa y posteriormente se nacionalizó albanés, lo que frustró un pedido de extradición presentado por el Estado peruano en 2013. En Albania ingresó al sector privado como accionista de una empresa local hasta que nuevas investigaciones lo devolvieron al foco internacional.
Su caso revive también la discusión sobre otros prófugos vinculados al fujimorismo que continúan sin ser ubicados. Entre ellos figuran Rosa y Juana Fujimori, tías de Keiko Fujimori, investigadas por supuestas remesas de origen ilícito provenientes de decenas de cuentas japonesas. Juristas advierten que la falta de acciones efectivas para ubicarlos podría llevar a la prescripción de varios expedientes.
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