El Colegio de Abogados de Lima (CAL) evaluará este miércoles 12 de agosto si suspende temporalmente a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a una denuncia por presuntas faltas éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión. La audiencia, programada para las 17:00 horas, analizará una medida cautelar solicitada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Los abogados involucrados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval, todos integrantes de la JNJ. El Consejo de Ética del CAL deberá determinar si existen razones suficientes para aplicarles la suspensión mientras continúa el procedimiento disciplinario.

La denuncia fue presentada el 4 de julio y plantea cuestionamientos relacionados con hechos ocurridos en julio del año pasado. Uno de los principales señalamientos está vinculado con el pedido para que Patricia Benavides fuera repuesta como fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza ya ocupaba ese cargo.

Los denunciantes también sostienen que los cinco abogados habrían promovido actuaciones consideradas propias de un gobierno de facto, luego de solicitar al comandante general de la Policía Nacional el empleo de la fuerza pública. A ello se suma un cuestionamiento por un presunto incumplimiento del deber ético de transparencia.

Según la acusación, estas acciones podrían haber vulnerado disposiciones del Código de Ética del Abogado, relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional.

El pedido de suspensión no constituye todavía una sanción definitiva. La audiencia permitirá al Consejo de Ética evaluar si corresponde aplicar la medida cautelar mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera que el caso tiene especial relevancia por la gravedad de los hechos denunciados y recuerda que algunas de estas actuaciones incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones denunciantes sostienen que este tipo de actuaciones pueden afectar la confianza de la ciudadanía en la profesión legal y cuestionan que abogados llamados a defender el orden jurídico puedan participar, presuntamente, en acciones contrarias al sistema democrático y constitucional.