La Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró reo contumaz a Jessica Navas Sánchez, candidata a diputada por Fuerza Popular, luego de que no se presentara a la audiencia de instalación del juicio oral en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
La jueza penal unipersonal Karina Bedoya Maque ordenó emitir oficios de ubicación y captura para que la postulante sea conducida de manera obligatoria al juzgado. Según la resolución, la medida busca que la investigada “sea puesta a derecho y se pueda instalar formalmente el juicio”.
El Ministerio Público solicita contra Navas Sánchez una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 760 477 soles por reparación civil. La acusación forma parte de un proceso que también involucra a los exfuncionarios Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá.
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían autorizado adquisiciones no contempladas dentro del proyecto turístico financiado con recursos públicos.
El caso se origina en la ejecución del proyecto “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”, que contaba con un presupuesto de más de 4.3 millones de soles para fortalecer la gestión turística en la región Ucayali.
Según la tesis fiscal, pese a que el convenio prohibía usar el dinero para fines distintos a los establecidos, se habría aprobado la compra de un bus turístico de dos niveles por 399 mil soles, una camioneta 4x4 por 131 027 soles y cuatro motocicletas por 30 440 soles. Estas adquisiciones, presuntamente irregulares, habrían sido promovidas durante diferentes periodos de gestión de los acusados.
El caso de Navas Sánchez se suma a otros cuestionamientos sobre candidatos de Fuerza Popular revelados por el programa Cuarto Poder, que reportó que 28 postulantes del partido registran sentencias judiciales firmes o investigaciones en curso por diversos delitos.
Entre ellos figuran casos por tentativa de homicidio, presunto acoso sexual, falsificación de documentos y múltiples denuncias por corrupción, lo que ha reavivado el debate sobre los criterios de selección y transparencia en las listas de aspirantes al Congreso.
