El caso de Vladimir Cerrón ha reactivado el debate sobre un posible vacío en la legislación electoral que permitiría a personas con orden de captura acudir a votar sin ser detenidas. El exgobernador regional permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional sobre un hábeas corpus que busca anular la orden judicial en su contra, en un contexto marcado por las Elecciones Generales 2026.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que la Ley Orgánica de Elecciones establece que no se puede detener a requisitoriados durante el proceso electoral, lo que —según explicó— abre la posibilidad de que personas en esta situación ejerzan su derecho al voto sin ser intervenidas. 

Frente a ello, anunció que su institución ha presentado un proyecto de ley para corregir esta situación y permitir la actuación de la Policía Nacional. “Buscamos garantizar que se actúe conforme a ley”, precisó.

No obstante, el especialista electoral José Tello discrepa de esta interpretación y sostiene que la norma no debe convertirse en un mecanismo de protección para prófugos. “El hecho de acudir a votar no debería convertirse en una especie de protección para evitar la acción de la justicia”, afirmó, al advertir que la legislación requiere precisiones para evitar interpretaciones erróneas.

Como antecedente, el debate surge en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre el derecho al sufragio y el cumplimiento de las órdenes judiciales. Mientras la Defensoría insiste en una reforma legal, expertos coinciden en la necesidad de evitar que el sistema sea utilizado para eludir la justicia, en un escenario electoral donde la transparencia y el respeto al Estado de derecho son claves.