El expresidente Pedro Castillo denunció desde prisión que tres sujetos armados y encapuchados ingresaron la noche del 12 de diciembre, al domicilio de su hermano Mercedes Castillo Terrones en Cajamarca, donde lo golpearon, maniataron y asaltaron junto a su esposa, Luzmila Gómez. Según su mensaje difundido en redes, los atacantes se llevaron celulares y objetos personales antes de huir sin ser identificados por la Policía.
Castillo relató que su hermano logró escapar “en un momento de descuido” para pedir auxilio a vecinos, quienes alertaron a las rondas campesinas y a las autoridades locales, aunque la intervención no permitió capturar a los responsables. El exmandatario afirmó que este hecho no es un simple asalto, sino parte de una estrategia de intimidación vinculada a la crisis política del país. “Esta acción delincuencial es el retorno de prácticas en las que la ambición por el poder llevaba a difamar, perseguir y desaparecer a los verdaderos líderes”, sostuvo.
Desde su centro de reclusión, Castillo insistió en que el ataque busca doblegarlo moral y políticamente, pero aseguró mantenerse firme. “No han podido doblegar nuestra fortaleza ni con el acoso político, ni con la vacancia inconstitucional, ni con mi detención”, declaró, añadiendo que continuará su resistencia hasta recuperar su libertad y volver a la vida pública junto a sus seguidores.
La denuncia generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El congresista Roberto Sánchez fue uno de los primeros en alertar sobre el ataque, calificándolo como “un acto cobarde y criminal que no puede quedar impune”. El legislador cuestionó la violencia contra la familia del exmandatario y sugirió que existe una intención política detrás: “¿Tanto miedo le tienen a que el presidente elegido recupere su libertad?”, escribió en redes.
Sánchez envió oficios al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitando una investigación exhaustiva y garantías para los afectados. El legislador exhortó a las instituciones a actuar con celeridad, advirtiendo que hechos de este tipo no deben normalizarse en un contexto de polarización política y creciente conflictividad social.
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