La última instancia a donde recurrió el expresidente Pedro Castillo fue el Tribunal Constitucional (TC) para pedir su libertad y anular las diligencias en su contra, incluida la prisión preventiva. Sin embargo, dicha entidad rechazó su hábeas corpus y concluyó que el exmandatario resquebrajó el orden constitucional.
“Se advierte del contenido esencial de tal discurso que aquellas medidas de carácter extremo que el expresidente don José Pedro Castillo Terrones pretendía instaurar definitivamente no se encontraban en el marco jurídico de la Constitución y, por tanto, no se configuraban en actos de irrestricto respeto a lo dispuesto en la Carta Magna. No se trató, por consiguiente, de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República”, se lee en el documento.
El TC sostuvo que la vacancia de Castillo fue “un acto de efecto declarativo de su preexistente cese como gobernante de iure, producido al quebrantar el orden constitucional”.
La defensa legal de Castillo pedía la nulidad de la detención judicial en caso de flagrancia, que se realizó el 8 de diciembre de 2022, un día después del fallido golpe de Estado. También pidió que se anule la prisión preventiva.
Además, solicitó que se anule el autoaprobatorio de formalización y continuación de la investigación; como coautor de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por último, quería ser restituido como presidente y se declare la invalidez de la designación de Dina Boluarte.
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