En medio de una creciente ola de críticas ciudadanas, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y gobernador regional de La Libertad, respaldó públicamente el incremento de sueldo otorgado a la presidenta Dina Boluarte, quien ahora percibirá un salario mensual de S/ 35 568, según lo aprobado por el Ejecutivo mediante decreto supremo.
“Creo que el ministro de Economía habrá evaluado las razones. En la época de Alan García se fijó un sueldo de S/ 15 000 para el presidente. Hoy hay funcionarios que ganan más de S/ 40 000. Si se compara a nivel de Latinoamérica, el sueldo presidencial no supera los 10 mil dólares. Entonces, es un tema técnico”, declaró Acuña desde Trujillo ante las cámaras de La República.
El también excandidato presidencial defendió el reajuste salarial en función del cargo que representa Boluarte, sin mencionar el contexto de desaprobación que arrastra su gestión. “El primer funcionario del país es el presidente de la república, y su sueldo debe reflejar lo que representa. Al final, es el ministro de Economía quien determina el monto”, insistió.
Boluarte oficializa aumento en medio de crisis económica
La decisión de incrementar el sueldo presidencial fue oficializada el pasado 4 de julio, a través del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, suscrito por la propia mandataria y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. La norma se basa en el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil y en una nueva estructura de puestos aprobada por Servir en 2024.
El alza no requirió aprobación del Congreso ni consulta pública, ya que se ejecutó de manera interna y con cargo al presupuesto del despacho presidencial. A la fecha, el Ejecutivo no dio explicación del por qué se autorizó este aumento en plena recesión económica, lo que intensifica el malestar ciudadano.
El respaldo de Acuña al incremento salarial refuerza el pacto político que su partido mantiene con el Gobierno, y llega en un momento en que otros bloques del Congreso han presentado proyectos de ley para derogar el decreto. Sin embargo, la discusión no podrá darse hasta que se instale la nueva mesa directiva del Parlamento a fines de julio.
Mientras tanto, la imagen presidencial continúa deteriorándose ante una opinión pública que ve con indignación los privilegios otorgados desde palacio en medio de un clima de crisis e incertidumbre nacional.
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