El allanamiento de propiedades del investigado Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Todo empezó a las 13:26 horas de este martes 24 de septiembre, cuando a través de una publicación en X (antres Twitter), el Poder Judicial ordenó el allanamiento de las viviendas de Hurtado Grados, Elizabeth Peralta Santur y Augusto Miu Lei, en marco a la investigación que enfrentan por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Esta medida fue a pedido por la Fiscalía, que tres horas después de la publicación del ente judicial, emitió un comunicado informando que el Poder Judicial hizo público el allanamiento antes que se produzca.
“La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos deplora profundamente que el Poder Judicial haya difundido la resolución que ordena un allanamiento antes que se produzca”, indicaron.
Los primeros en llegar a las propiedades fueron los periodistas. Horas después se apersonaron los fiscales, sin embargo tuvieron que esperar una hora y media a un defensor público, ya que el abogado de ‘Chibolín’, Elio Riera, no se presentó porque según él no fue notificado.
Mientras se realizaba la diligencia, el Poder Judicial respondió al Ministerio Público, afirmando que no hicieron público ninguna resolución y que la Fiscalía “falta a la verdad”.
“Dicho documento fue entregado a primeras horas de la mañana a los fiscales, como es el conducto regular”, se lee en el comunicado.
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