Mientras en Perú indultan y hasta tratan de que el expresidente Alberto Fujimori, no sea procesado ni condenado por delitos de lesa humanidad, en Chile le imputan nuevas acusaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos durante su mandato presidencial.
La jueza suprema chilena Andrea Muñoz ordenó, en primera instancia, ampliar la extradición de Fujimori por el caso de esterilizaciones forzadas y por su presunta responsabilidad en otros cuatro delitos.
Recordemos que en enero de este año, la Corte Suprema de Chile también amplió la acusación de la extradición para que sea juzgado por delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.
Ahora, se suman las imputaciones de secuestro agravado, homicidio calificado en marco al caso Ventocilla; lesiones graves seguidas de muerte en agravio de cinco mujeres, y lesiones graves en más víctimas (caso esterilizaciones forzadas); secuestro agravado de Arturo Moreno Alcantara y otros (caso cabitos); homicidio calificado de Nicolás Cruz Sánchez y otros (caso ejecuciones extrajudiciales durante el operativo de rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima); y homicidio calificado de Jorge Bardales Rengifo y otras 39 personas, lesiones graves en agravio de siete personas, (Caso castro castro).
Es menester precisar, que en el 2007 Fujimori fue extraditado de Chile para que en el país peruano sea juzgado por los casos “La Cantuta y Barrios Altos”.
Si bien estaba en la cárcel de Barbadillo, el Tribunal Constitucional restableció el indulto a Fujimori, quien ahora goza de libertad y retomó su vida política afiliándose al partido de su hija Keiko. A esto se suma, el Congreso aprobó un dictamen para que prescriban los procesos por delitos de lesa humanidad abiertos antes del 2002.
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