El escándalo originado por el asesinato de Andrea Vidal, trabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, a manos de sicarios, ocurrido en diciembre de 2024, continúa destapando más irregularidades al interior de la institución.
Una auditoría hecha por la Contraloría General de la República, revela que Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo, dos de los implicados en una presunta red de prostitución, presentaron documentos falsos para ingresar a trabajar al Congreso de la República.
Jorge Torres Saravia llegó al Congreso en 2021 de la mano de Alianza para el Progreso (APP), respaldado por Luis Valdez, una de las figuras más influyentes del partido y actual secretario general de la organización. Durante la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del parlamento, fue designado jefe de la Oficina Legal, cargo que desempeñó desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024. Posteriormente, retomó el puesto el 13 de mayo de este año, con funciones hasta el 12 de diciembre de 2024.
Si ya la contratación del funcionario fue duramente criticada por las denuncias de abuso y violencia en su contra, las nuevas revelaciones tras la auditoría complicarían aún más su situación y la de los funcionarios que autorizaron su contratación.
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