La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez propuso una enmienda a la Ley de Presupuesto de Defensa Nacional de Estados Unidos con el objetivo de bloquear el financiamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en 2026 hasta que se cumplan condiciones de libertad de prensa y derechos humanos.
El planteamiento de la legisladora, conocido el 3 de septiembre, exige que el país sudamericano acredite mejoras concretas en estos campos antes de recibir más asistencia en seguridad por parte de Washington.
La Ley de Presupuesto de Defensa Nacional es la herramienta regulatoria más importante del Congreso de Estados Unidos para definir el presupuesto, alcance y restricciones del Departamento de Defensa (DoD), además de aprobar cada año las condiciones para cooperaciones militares en el extranjero. Solo para el año fiscal 2025, el país norteamericano reportó 50,3 millones de dólares en asistencia en seguridad dirigida al Perú, suma clave en la colaboración bilateral en entrenamiento, equipamiento y programas de defensa.
Según el texto presentado, Ocasio-Cortez estipula que no debe asignarse ningún fondo federal a las Fuerzas Armadas del Perú ni a la Policía Nacional del Perú en 2026 hasta que se cumplan seis condiciones. La primera establece que el país debe garantizar que miembros de las fuerzas del orden involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados penalmente. Este punto hace referencia a la Ley de Amnistía, promulgada el 13 de agosto, la cual otorga beneficios legales a militares y policías investigados por delitos ocurridos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000.
El documento de la enmienda exige como segunda condición la conclusión de una investigación exhaustiva sobre las muertes ocurridas en las protestas de finales de 2022, así como el enjuiciamiento de los responsables. En tercer término, se pide una revisión independiente de las prácticas de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, con resultados públicos sobre su desempeño para evitar violencia excesiva y posibles abusos o estigmatización de manifestantes.
Dos exigencias adicionales tienen que ver con la protección de la libertad de expresión. En cuarto lugar, la propuesta demanda pruebas de que el Gobierno peruano ejerce un respeto activo a los derechos de los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la ausencia de amenazas o ataques a periodistas. En quinto lugar, requiere el fin de la criminalización de los manifestantes pacíficos y el respeto a la diversidad cultural.
La sexta condición especifica que el Poder Ejecutivo y el Congreso del Perú no deben interferir ni obstaculizar procesos judiciales en curso por corrupción contra sus miembros. Según los términos expuestos, cualquier transferencia de equipos, control antidisturbios, artículos o servicios de defensa, o cualquier actividad coordinada con los cuerpos armados peruanos quedaría suspendida hasta que estas garantías sean confirmadas.
De acuerdo a la normativa federal, el Congreso de Estados Unidos revisa y negocia anualmente la Ley de Presupuesto de Defensa Nacional, que regula la política militar e internacional y regula ejercicios de defensa en todo el mundo. En los dos años anteriores, Ocasio-Cortez presentó pedidos similares que finalmente no prosperaron, aunque su perseverancia incentiva la atención sobre la situación de derechos humanos en Perú y el respaldo estadounidense a las fuerzas de seguridad locales.
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