La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la congresista Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso) por el presunto delito de concusión.
La Fiscalía había acusado a Torres de recortar los sueldos de los trabajadores de su despacho. El congresista Segundo Quiroz, encargado de elaborar el informe final, concluyó que la acusación carecía de sustento jurídico, probatorio y fáctico, lo que llevó a la recomendación de archivamiento.
La decisión se tomó tras una votación en la que 15 miembros de la SAC votaron a favor del archivamiento, mientras que hubo un voto en contra y dos abstenciones.
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