Mientras el gobierno sufre una nueva crisis, el Congreso continúa con su trabajo legislativo para beneficiarse, dejando de lado su labor de fiscalización. Este 10 de mayo aprobaron una serie de reformas electorales que da oportunidad a que los actuales parlamentarios ocupen cargos públicos altos pese a estar investigados.
Con 80 votos modificaron diversos artículos de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE); y la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP). A dos años de realizarse comicios generales.
El proyecto en su esencia fue presentado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas y la Comisión de Constitución recogió también la propuesta de otros parlamentarios para hacer un dictamen.
Lo que pidió Salas fue ampliar el calendario electoral y pasar de 270 días a 365. Si bien esto fue aprobado y el proceso iniciará con la convocatoria el 15 de abril de 2025 y el día central sería en abril del 2026, los legisladores pidieron hacer otras reformas.
Entre lo más significativo es que los congresistas quedan permitidos de participar en las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales. También redujeron el plazo de afiliación para que candidatos participen de elecciones primarias, de un año a seis meses.
A esto se suma que cualquier investigado podrá ser candidato y solo se excluirán a los que tienen sentencia firma. Es decir la mayoría de congresistas están aptos para no solo ser senadores, diputados, también para ser presidentes, gobernadores o alcaldes.
BENEFICIAN A PARTIDOS INVESTIGADOS. Con 88 votos a favor de los congresistas también aprobó ayer el dictamen para quitar a los partidos políticos de responsabilidad penal. La norma fue calificada como un “fortalecimiento” a las organizaciones políticas.
La legisladora y fujimorista Martha Moyano sustentó el proyecto para que los partidos políticos no puedan ser sujetos de disolución, suspensión o del cierre de sus locales por la vía judicial. En consecuencia la responsabilidad sea solo del individuo imputado. El perulibrista Waldemar Cerrón también defendió la norma alegando que no se puede “criminalizar a una organización política por sus integrantes”.
Justo ambos legisladores pertenecen a partidos que están incluidos en investigaciones. En el caso de Fuerza Popular está imputada porque se habría usada a la organización para lavar dinero, en marco al caso Cocteles. La Fiscalía pide la disolución del partido, pero con la norma será excluida y seguirá existiendo. Lo mismo pasa con Perú Libre, Renovación Popular y Podemos.
Cambios en sistema electoral
* Se convocará a elecciones un año antes y ya no 270 días antes.
* Los congresistas podrán postular a elecciones generales, regionales y municipales del 2026.
* Afiliación de los electores a un partido será 6 meses antes de la convocatoria a comicios y ya no un año antes.
* Imputados por cualquier delito podrán ser candidatos y exclusión será únicamente a quien tenga sentencia firme.
* Candidatos que participen en elecciones primarias también contarán con una franja electoral en medios de comunicación.
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