Mediante un comunicado publicado este último domingo, la Oficialía Mayor del Congreso informó que se aceptó la carta de renuncia de trabajador implicado en el uso no autorizado de una cámara institucional durante el lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori. No obstante, la entidad optó por seguir guardando la identificación.
Además se anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionador conforme al artículo n.° 105 de su reglamento interno de trabajo. El incidente generó críticas por el presunto uso proselitista de bienes del Estado en una actividad de Fuerza Popular donde se presentó a los candidatos a las elecciones.
Se informó además que el servidor público involucrado presentó su carta de renuncia al Parlamento el pasado 1 de noviembre. Hecho que dará pase a una investigación interna al vulnerarse la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
DELITOS. El Código Penal contempla en su artículo 387 el delito de peculado de uso, que sanciona al funcionario o servidor público que utiliza o permite que otro use bienes del Estado para fines ajenos al servicio con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
“El uso de bienes del Congreso, que son públicos, están totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”, se lee.
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