La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 498 contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. El caso está relacionado con la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro en enero de 2022.

El informe, sustentado por la congresista Patricia Chirinos, concluye que el nombramiento de Salaverry se habría realizado sin respetar el procedimiento administrativo y sin acreditar los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo.

Según la investigación, la resolución suprema fue firmada y publicada el 9 de enero de 2022, mientras que el informe jurídico fue solicitado recién al día siguiente y emitido cuando la designación ya estaba oficializada.

Durante la sustentación se indicó que la normativa exigía no solo contar con título profesional, sino también acreditar "capacidad técnica, trayectoria profesional y experiencia vinculada al giro de la empresa estatal", además de conocimientos en el sector hidrocarburos. Chirinos sostuvo que la Contraloría concluyó que la documentación presentada por Salaverry no acreditaba dichos requisitos.

Como parte de los medios probatorios, el informe señala que Pedro Castillo firmó la resolución suprema que formalizó el nombramiento y que existe un registro de visitas que acredita una reunión entre el entonces mandatario y Daniel Salaverry el mismo día de la designación.

En el caso de Eduardo González Toro, se le atribuye responsabilidad por haber suscrito la resolución como titular del Ministerio de Energía y Minas.

La SAC recomendó acusar a ambos exfuncionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, además de solicitar el levantamiento de su fuero para que el Ministerio Público continúe las investigaciones y el Poder Judicial determine las responsabilidades correspondientes.