Un total de 47 autógrafas de ley de la anterior legislatura quedaron archivadas por el Congreso bicameral debido a que contemplaban medidas con impacto en el presupuesto público. La decisión dejó sin trámite propuestas sobre aumentos remunerativos, bonificaciones, nombramientos de trabajadores estatales y modificaciones a distintos regímenes de pensiones.

Entre las propuestas archivadas figuran nuevas escalas salariales para trabajadores de la Contraloría General de la República y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

También quedaron fuera de trámite iniciativas que planteaban bonificaciones para el personal administrativo del sector Educación y docentes, incluidos beneficios vinculados con la preparación de clases, la evaluación y el desempeño de sus funciones.

El archivo también comprende proyectos que buscaban incorporar a trabajadores contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen del Decreto Legislativo 728.

A ello se suma una propuesta de nombramiento excepcional para docentes contratados de educación básica regular. Estas iniciativas buscaban modificar las condiciones laborales de distintos grupos de trabajadores del Estado, pero quedaron sin trámite por las observaciones relacionadas con el gasto público.

En el ámbito previsional, se archivaron propuestas para modificar el régimen de pensiones de militares y policías, introducir cambios en el Sistema Nacional de Pensiones y eliminar diferencias en el acceso a la pensión de viudez.

El paquete también incluía iniciativas sobre aportes previsionales y de salud de los trabajadores públicos, como la homologación progresiva de los aportes a EsSalud y la atención integral para el personal del servicio militar voluntario.

La decisión se sustenta en la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de junio de 2026, correspondiente al Expediente 00018-2023-PI/TC, que estableció un criterio vinculante sobre la iniciativa de gasto público.

Según el fundamento aplicado, corresponde al Poder Ejecutivo ejercer las competencias constitucionales relacionadas con la iniciativa de gasto, por lo que el Parlamento no puede impulsar libremente medidas que creen o incrementen obligaciones presupuestarias sin respetar esos límites.

De acuerdo con la información difundida, había 163 autógrafas pendientes de trámite y 47 fueron observadas por razones vinculadas con el gasto público.

El reglamento del Congreso establece que las autógrafas aprobadas durante el periodo unicameral y observadas por el presidente de la República hasta el 26 de julio de 2026 deben tramitarse como nuevas iniciativas legislativas tras la instalación del Senado y la Cámara de Diputados.