La Comisión Permanente del Congreso aprobó archivar la Denuncia Constitucional 509 contra la presidenta Dina Boluarte, pese a que el expediente señalaba su presunta responsabilidad política y penal en las muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023. El resultado: 12 votos a favor del archivo, 10 en contra y cero abstenciones.
El documento, presentado por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, acusaba a Boluarte y a su entonces círculo de ministros de haber incurrido en delitos graves como homicidio calificado y lesiones en agravio de 49 fallecidos y más de 250 heridos. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por Lady Camones, sostuvo que “no existen pruebas irrefutables” que acrediten un dolo directo en la represión de las protestas.
Las voces críticas no tardaron en encender el debate. La congresista Ruth Luque acusó que el informe fue elaborado de manera “ligera” para proteger a la presidenta y frenar las investigaciones del Ministerio Público. “Murieron 50 peruanos y más de mil resultaron heridos. Esa es una responsabilidad política que corresponde a Dina Boluarte”, señaló con firmeza.
Otros parlamentarios, como Flavio Cruz y Wilson Quispe, coincidieron en que el archivo constituye un precedente peligroso. “Estamos creando una memoria histórica nefasta”, advirtió Cruz, mientras Edgard Reymundo pidió reconsiderar la votación, sin éxito.
La decisión del Congreso, lejos de cerrar el tema, ha generado una ola de indignación y comentarios en redes sociales. Para muchos peruanos, el blindaje parlamentario confirma la distancia entre la clase política y las víctimas de la represión.
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