Lima. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso decidió rechazar investigar al premier Alberto Otárola y a la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
En el caso del alto funcionario fue acusado por el delito de tráfico de influencias en contrataciones de ciudadanos. Según una investigación periodística, seis personas que visitaron el despacho del premier fueron beneficiadas con órdenes y servicios. Cuando Otárola Peñaranda fue consultado sobre ello, manifestó que no había nada de malo reunirse para ver la experiencia de las personas para luego contratarlas. Además aseguró que no después de esa reunión no volvió a verlos nunca más. Sin embargo, una de las beneficiadas indicó que la reunión fue por un tema personal y que son amigos cercanos.
En el caso de Benavides rechazaron solicitar al pleno facultades de comisión investigadora por la veracidad de títulos profesionales y grados académicos.
Es así como una vez más los congresistas no solo se blindan entre ellos mismos, sino también no cumplen con su rol de fiscalizar a otros funcionarios. Lo irónico es que dos de los que están en el grupo tienen denuncias por recortar sueldo y violencia familiar, Magaly Ruiz y Héctor Valer, respectivamente.
El caso es similar con la Comisión de Ética, que rechazó investigar al presidente Alejandro Soto por dos delitos y solo aprobaron el informe sobre la ley que lo favoreció.
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