El reciente ascenso de José Jerí a la presidencia del Perú ha encendido una nueva ola de protestas. Su llegada al poder, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, ha sido interpretada por analistas internacionales como un signo más del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana. Según el portal World Politics Review, el caso peruano muestra cómo el Legislativo ha concentrado cada vez más poder, configurando lo que algunos describen como una “dictadura parlamentaria”.
El medio estadounidense advierte que la crisis política que vive el país desde hace casi una década ha dejado a la población “exhausta y temerosa”. Las manifestaciones contra Jerí, registradas frente al Congreso y en regiones del interior, evocan las marchas tras la caída de Pedro Castillo en 2022, cuando la represión dejó alrededor de 50 muertos. Esta vez, sin embargo, la respuesta en las calles ha sido más contenida por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
Aun así, la indignación crece por la falta de legitimidad de un gobierno que, según el informe, depende de “una mayoría ultraconservadora en el Parlamento y de acuerdos políticos poco transparentes”. El análisis sostiene que el ascenso de Jerí fue un movimiento calculado por el Congreso para mantener el control total del poder, tras la destitución de Boluarte, oficialmente acusada de no frenar la violencia urbana.
El texto recuerda que José Jerí fue investigado por una denuncia de violación ocurrida en diciembre de 2024, caso que la Fiscalía archivó entre críticas. Su principal coacusado sigue prófugo, y esta situación —según el portal— lo hace “vulnerable y dependiente de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder”. En sus primeras medidas, Jerí anunció un estado de emergencia en Lima y posó en una cárcel imitando el estilo de Nayib Bukele, gesto que generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos.
Finalmente, el informe advierte que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, impulsa “leyes procrimen” que benefician a redes de corrupción y minería ilegal. Entre ellas, destaca la eliminación de facultades policiales para incautar explosivos y una norma que exige la presencia de un abogado en los allanamientos, permitiendo que los investigados destruyan pruebas. Para los analistas, este conjunto de decisiones coloca al Perú al borde de un colapso democrático sin precedentes.
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