La congresista Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú, presentó una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien responsabiliza por el presunto perjuicio económico y social ocasionado al país tras la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú. La iniciativa señala que esta medida compromete activos estratégicos del Estado y afecta directamente a regiones productoras como Piura.
Según el documento, la decisión gubernamental habría derivado en el desmantelamiento progresivo de la empresa estatal, al autorizar la reorganización de sus activos en bloques y permitir transferencias económicas que, a juicio de los impulsores de la censura, debilitan la sostenibilidad financiera de Petroperú. La moción sostiene que estas acciones comprometen la seguridad energética del país y reducen la capacidad del Estado para gestionar un sector estratégico.
Uno de los puntos más cuestionados es la autorización para transferir 240 millones de soles desde el Ministerio de Energía y Minas, recursos que —según la parlamentaria— debían destinarse a proyectos prioritarios como infraestructura, saneamiento y electrificación rural. Además, se cuestiona la obligación impuesta a Petroperú de transferir 144 millones de soles a ProInversión, lo que, según el texto, podría derivar en la eventual enajenación de activos clave de la empresa estatal.
La moción también advierte sobre los efectos negativos que tendría la eventual paralización de operaciones en la Nueva Refinería de Talara, considerada un eje estratégico para el abastecimiento de combustibles en el país. Asimismo, se alerta que la eventual terminación de contratos y la tercerización de servicios pondrían en riesgo miles de empleos y afectarían a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena productiva del sector hidrocarburos.
Finalmente, la congresista Juárez sostiene que la gestión de la ministra Miralles demuestra una “incapacidad técnica” para conducir el sector económico y salvaguardar los intereses del Estado. Por ello, el Congreso deberá debatir la moción de censura en los próximos días, en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre el rumbo de la política energética y fiscal del país.
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