Escrito por: Annel Aguilar Zambrano
La reciente promulgación de una ley por parte del Congreso que obliga a todos los medios de comunicación a destinar el 10 % de su programación a contenidos contra la violencia hacia la mujer ha generado una fuerte polémica. Pese a haber sido observada previamente por el Ejecutivo, la norma fue publicada en el Diario El Peruano y modifica el artículo 46 de la Ley 30364, exigiendo a medios escritos, televisivos, radiales y digitales incluir una franja educativa gratuita para sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y miembros del grupo familiar.
El abogado constitucionalista José Tello consideró que la norma representa una vulneración de la libertad de expresión y la libertad de empresa. “Definitivamente hay una afectación, porque se obliga a los medios a destinar parte de su contenido, lo cual implica un perjuicio económico y un control indirecto del contenido, lo que no corresponde en una economía de libre mercado”, declaró a RPP.
Por su parte, el también abogado Andy Carrión cuestionó el método empleado por el Legislativo, aunque reconoció la importancia del tema. “No discutimos la finalidad, sino el mecanismo. El Estado tiene otros recursos, como el canal estatal o radios públicas, para difundir estos mensajes. Pensar que con esto se solucionará la violencia es simplista”, afirmó. Según Carrión, el Congreso cae en el “facilismo” de creer que medidas aisladas como aumentar penas o imponer franjas mediáticas erradicarán el problema.
Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que revisarán la norma y subrayó que el Gobierno no utilizará medios de comunicación con fines distintos a los que la ley establece. “Nosotros ya habíamos observado esta iniciativa porque invade la esfera de los medios. No puede haber un uso forzado o discrecional de estos espacios”, aclaró.
La ley establece que el contenido de esta franja será desarrollado por las instituciones del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, su implementación obligatoria en medios privados ha abierto un debate sobre el equilibrio entre el interés público y el respeto a la libertad de prensa. Mientras tanto, los especialistas coinciden: la lucha contra la violencia requiere acciones más profundas que una franja horaria impuesta por ley
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