El Congreso oficializó este martes la inhabilitación por diez años para ejercer función pública contra la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela. La medida fue formalizada mediante la Resolución Legislativa N.° 010-2025-2026-CR, publicada en el diario El Peruano. La sanción se sustenta en infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución.
La decisión tiene origen en las Denuncias Constitucionales 563 y 618, presentadas en 2025. Tras la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la evaluación de la Comisión Permanente, el pleno aprobó el informe final que recomendó acusar e inhabilitar a Espinoza.
Según la resolución, la exfiscal emitió la Denuncia Constitucional 549 contra once congresistas por presunta negociación incompatible relacionada con un dictamen sobre pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Congreso concluyó que dicha actuación excedió los límites constitucionales de sus funciones y se sustentó en una motivación insuficiente.
El documento precisa que fueron archivadas las imputaciones por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como los extremos vinculados a los artículos 158 y 159 de la Constitución. Asimismo, señala que durante el procedimiento se garantizó el derecho de defensa, la presentación de descargos y la participación de la defensa técnica.
La sanción fue aprobada por el pleno tras el debate realizado el 12 de marzo de 2026 y establece “inhabilitar, por diez años para el ejercicio de la función pública” a Delia Espinoza Valenzuela.
Esta es la segunda inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso contra Delia Espinoza. La primera, aprobada mediante la Resolución Legislativa N.° 008-2025-2026-CR, fue parcialmente suspendida por la Tercera Sala Constitucional de Lima tras una demanda de amparo presentada por la exfiscal, aunque la decisión quedó condicionada a la existencia de otras resoluciones vigentes.
