El Congreso decidió suspender de manera oficial los beneficios otorgados al expresidente Ollanta Humala, luego de que fuera condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, a raíz de los presuntos aportes ilegales provenientes de Venezuela y las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Con esta resolución, Humala deja de recibir asignaciones que incluían el préstamo de un vehículo, el suministro de combustible y el apoyo de personal bajo contrato CAS.
Estos beneficios, entregados en calidad de liberalidad conforme a normativa interna del Parlamento, pueden ser revocados cuando se presenten condiciones legales que los justifiquen, como una condena penal firme.
El acuerdo, registrado con el número 177-2024-2025/MESA-CR, se sustenta además en informes de asesoría jurídica y del área de recursos humanos del Congreso, lo que refuerza la decisión de retirarle el soporte estatal que venía recibiendo como exjefe de Estado.
Cabe recordar que Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia fueron hallados culpables de haber recibido aportes no declarados para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. Su caso marca un precedente en el tratamiento de los exmandatarios condenados por delitos graves, subrayando que los privilegios otorgados por el Estado no son automáticos ni incondicionales.