El Congreso decidió retroceder en su posición de votar ayer el informe que pretende la remoción de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según comunicaron se reprogramará la citación en estricto respeto al debido proceso y los precedentes legislativos. Esto a pesar que en un primer momento indicaron lo contrario.
Ello sucede a raíz del fallo de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó suspender el proceso. Tras esto los magistrados de la JNJ, comunicaron al Parlamento que no asistirían y acatarían lo ordenado por el Poder Judicial, que los beneficia.
Sin embargo, el fallo no agradó a los parlamentarios que buscan la destitución y optaron por seguir la sesión y no obedecer el fallo. Congresistas como José Cueto, Patricia Chirinos y Alejandro Soto manifestaban que el proceso seguiría su curso. Además aseguraron que los jueces que dictaron la medida: Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich, cometieron abuso de autoridad y prevaricato.
Los legisladores se amparaban en que el Tribunal Constitucional estableció que no pueden interferir sobre actos políticos del Congreso. Lo que es correcto, pero se refiere a casos como votaciones. El mismo TC advierte que pueden ser sujetos de control cuando hay una afectación de derechos de terceros, indicaron varios especialistas. Tras ello, Soto decidió levantar la sesión e informó que la Procuraduría del Parlamento apeló al fallo.
Chirinos optó por presentar una denuncia constitucional y horas después la Fiscalía, de manera exprés, abrió investigación preliminar a los tres jueces. Se estableció 60 días de plazo para las diligencias preliminares.
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