Los congresistas en su afán de que “son el primer poder del Estado” y pueden aprobar las leyes que crean “convenientes”, se enfrentan a dos organismos internacionales: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La confrontación se debe a la denominada ‘Ley Amnistía’ que establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Esta norma fue aprobada en primera votación y debe ser ratificada en una segunda.
Sin embargo, la Corte IDH solicitó al Estado peruano a que se suspenda el trámite de dicho proyecto hasta que se conozca el impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. En respuesta el Congreso calificó de “intromisión” dicha solicitud y la rechazaron alegando que son el “primer poder del Estado”. También aseguraron que tramitarán la norma cuando ellos vean “conveniente”.
Algo curioso es que en su primer comunicado confundieron a la Corte IDH con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pasaron cinco horas y tuvieron que borrarlo para reemplazarlo con la correción.
Al pedido de la Corte se sumó el pronunciamiento de un grupo de expertos de la ONU, que recordaron que los delitos por lesa humanidad no prescriben y que dicha norma “contraviene el derecho internacional”.
A los organismos internacionales, se sumaron los fiscales que integran el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público. Ellos advirtieron que más de 20 casos se verían afectados entre ellos los que están en etapa de juicio oral: Chuschi, Huanta 84, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Putis, Lucho Manrique, Soras, Ventocilla, Sobres Bomba, Accomarca, José Navarrete Cabrera, entre otros más.
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