La continuidad de Ciro Castillo Rojo en el Gobierno Regional del Callao quedó en manos del Consejo Regional del Callao, que deberá definir si corresponde su retorno al cargo, su suspensión o la vacancia, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Más allá de los anuncios de su defensa legal o de resoluciones judiciales recientes, la decisión es de carácter administrativo y político y no depende del Poder Judicial.
La gobernadora regional encargada, Edita Vargas, precisó que no existe un retorno automático del funcionario. Aclaró que la decisión no está en manos del Ejecutivo regional ni de los jueces, sino exclusivamente de los consejeros. “Se debe proceder correctamente, dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa, para que vuelva a ingresar a la Gobernación Regional”, señaló, advirtiendo que cualquier reincorporación sin acuerdo del pleno carecería de respaldo legal.
Uno de los ejes del debate es la situación administrativa de Castillo Rojo durante su ausencia. Vargas recordó que no se trató de una licencia ni de vacaciones, sino de un periodo en el que el gobernador se encontraba prófugo de la justicia con una orden de captura vigente. Aunque internamente se habría intentado presentar esa ausencia como licencia, la ley solo permite autorizaciones de hasta 45 días, plazo que ya fue superado y que habilita la evaluación de una suspensión o incluso una vacancia.
Respecto a la reciente resolución judicial que varió la prisión preventiva por comparecencia, el Ejecutivo regional encargado subrayó que sus efectos se limitan al ámbito penal. Un auto de vista de una sala superior no tiene impacto directo en el plano administrativo ni electoral, por lo que no obliga al Gobierno Regional a permitir el retorno del funcionario ni restringe las atribuciones del Consejo Regional para evaluar su situación conforme a ley.
Finalmente, Vargas advirtió sobre los riesgos institucionales de un retorno sin una decisión clara del Consejo. Señaló que, de reincorporarse, Castillo Rojo podría acceder a información sensible vinculada a investigaciones en curso. “Si se permite ingresar nuevamente, nos puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación”, alertó. Así, el Consejo Regional deberá asumir un rol decisivo cuyo resultado comprometerá la responsabilidad política, administrativa y legal de sus integrantes.
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