La Contraloría General intervino las oficinas y sedes centrales del Proyecto Especial Legado (PEL) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para recoger información referida a diversas denuncias y a alertas de riesgo sobre determinadas inversiones.
Los auditores de los equipos de control trabajaron de manera focalizada en cada entidad para evaluar y, de ser necesario, revelar posibles irregularidades. Con ello se busca identificar presuntos hechos de inconducta funcional en las inversiones como procesos misionales a cargos de ambas entidades públicas.
En el PEL participaron auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros y en el OSCE, personal del OCI de dicha institución. Ellos estarán bajo la supervisión y monitoreo de las gerencias especializadas de la Contraloría General.
Proyecto Especial Legado
La intervención en la sede del PEL, en el distrito limeño de San Luis, comprende las inversiones de esa entidad y diversas actividades realizadas entre el 20 de julio de 2023 y el 30 de abril de 2024.
Entre las materias que se revisarán figuran diversos proyectos de inversión con miras a la realización los Juegos Bolivarianos 2024. También las obras del comedor y la residencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
Además, forman parte de la intervención la inversión realizada para la adquisición de ocho tribunas móviles para la creación de los servicios deportivos de ciclismo, voleibol playa y skateboarding en el distrito de San Miguel.
Otros temas a abordar son los de la infraestructura deportiva del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra; así como la contratación de locadores y designación de personal.
En la OSCE
En cuanto al OSCE, se recopila información y documentos relacionados con la operatividad del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, a consecuencia de la suspensión del suministro eléctrico y sus efectos en la continuidad de los procesos de selección que desarrollan para el sector público.
La investigación también se centrará en la legitimidad de los sorteos para el desempate electrónico llevados a cabo en el contexto de las Adjudicaciones Simplificadas, las cuales han generado denuncias públicas.
Asimismo, se evaluarán los procedimientos de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores para la ampliación de categoría para consultores de obra y aumento de su capacidad máxima de contratación. Estos habrían derivado en la dación de la buena pro a contratistas que no acreditaban la experiencia exigida para obras de alta complejidad e inversión pública.
Otras materias a investigar serán la operatividad de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE y la ejecución del proyecto de inversión ‘Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública’.
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