La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR, que concede amnistía a militares, policías y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
La iniciativa, impulsada por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, obtuvo el respaldo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la norma en segunda votación el pasado 9 de julio.
En su resolución, la Corte IDH advirtió que la ley podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal internacional instó a las autoridades peruanas a abstenerse de aplicar la ley hasta que se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evalúe el impacto de la norma en dichos procesos.
Además, convocó al Estado peruano, representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública que se realizará el jueves 21 de agosto en su sede en San José, Costa Rica.
Por su parte, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó la semana pasada su rechazo al proyecto, señalando que la legislación impediría procesar y condenar a responsables de graves violaciones de derechos humanos, lo que colocaría a Perú en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Los especialistas recordaron que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y sancionar crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno y que las normas internacionales prohíben otorgar amnistías para delitos tan graves.
Alertaron también que la aprobación de la ley afectaría a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso relacionados con violaciones graves y crímenes internacionales. De aprobarse, la norma impediría el acceso de las víctimas a la justicia, verdad y reparación.
Finalmente, los expertos de la ONU urgieron al Gobierno peruano a ejercer su prerrogativa constitucional para vetar la ley, que contraviene sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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