La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema podría anular la condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión impuesta a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de 2022. Los magistrados advirtieron una posible afectación al debido proceso relacionada con el delito por el que finalmente fue sentenciado.

El cuestionamiento está relacionado con la diferencia entre los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión. Según la revisión del expediente, la Fiscalía investigó inicialmente al expresidente por ambas figuras, pero posteriormente formuló acusación por rebelión y solicitó una pena de 34 años de prisión.

Sin embargo, durante el juicio, la Sala Penal Especial decidió apartarse de esa acusación y condenó a Castillo por conspiración para la rebelión.

El problema advertido por los jueces supremos es que el expediente no precisa qué ocurrió con la investigación por este último delito: si fue archivada, si continuó por separado o si existió alguna resolución que definiera su situación.

El 22 de octubre, la Corte Suprema admitió a trámite los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Procuraduría del Estado contra la sentencia que también comprende a los exministros Willy Huerta, Betssy Chávez y Aníbal Torres.

En esa misma resolución, los magistrados solicitaron a la Fiscalía Suprema un informe documentado que precise en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de formar parte de la investigación preparatoria.

También requirieron información al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sobre posibles resoluciones emitidas respecto a ese delito.

NUEVO JUICIO. De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por La República, si se confirma que la situación de ese delito no fue resuelta adecuadamente, una de las consecuencias sería declarar nulo el juicio y realizar uno nuevo que evalúe conjuntamente los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión.

La preocupación de los magistrados es evitar que existan decisiones contradictorias y garantizar el derecho a la defensa de los procesados.

La decisión todavía no está tomada. La Sala Penal Permanente deberá evaluar los informes solicitados y los argumentos de las partes durante la audiencia de apelación antes de emitir un pronunciamiento.