La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema debatirá este martes 8 de julio si ordena el cierre de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de encubrimiento personal en el marco del caso denominado ‘Cofre presidencial’. La audiencia, programada para las 9:00 horas y de carácter virtual, analizará el recurso de apelación presentado por la defensa de la mandataria.
El pedido legal busca revocar la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el pasado 10 de febrero declaró infundado el control de plazos solicitado por la defensa presidencial. Los abogados de Boluarte argumentan que el proceso vulnera principios fundamentales como la legalidad objetiva y la debida motivación de resoluciones judiciales, por lo que exigen dar por concluida la investigación.
La audiencia estará presidida por el juez supremo César San Martín, quien deberá escuchar los argumentos de las partes involucradas antes de que el tribunal emita una decisión definitiva en los próximos días. La defensa insiste en que el caso presenta deficiencias procesales que ameritan su archivo inmediato.
La investigación se basa en una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación el pasado 16 de mayo ante el Congreso de la república. En ella, se acusa a Dina Boluarte de haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, utilizando un vehículo presidencial presuntamente blindado a intervenciones policiales. El hecho habría ocurrido durante un operativo en el distrito de Asia, provincia de Cañete, en febrero de 2024.
Junto a Boluarte, la Fiscalía también denunció al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el presunto delito de omisión de denuncia, al no haber informado del encubrimiento a las autoridades competentes. La acusación sostiene que ambos funcionarios habrían actuado de forma coordinada para obstruir la justicia.
De declararse procedente el recurso de apelación, la investigación contra Boluarte se archivaría. De lo contrario, el Ministerio Público podrá continuar con las diligencias que podrían derivar en nuevas implicancias políticas y judiciales para la presidenta.
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