La presidenta Dina Boluarte Zegarra decidió respaldar a sus más cuestionados ministros: Juan José Santiváñez, César Vásquez y Morgan Quero, y hacer cuatro cambios, pero en otros sectores. En total suma 57 ministros en menos de dos años de gestión.
Los removidos fueron: canciller Javier Gonzales-Olaechea; la de Vivienda, Hania Pérez; de Cultura, Leslie Urteaga y la de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo. En reemplazo juramentaron Elmer Schialer, Durich Whittembury, Fabricio Valencia y Úrsula León, respectivamente.
Congresistas como José Cueto y Alejandro Cavero cuestionaron el cambio de Gonzales-Olaechea, afirmando que es una “pésima decisión”, ya que mostró resultados reales. Es menester recordar que el ahora excanciller, se mostró en contra de que la presidenta viaje tanto y aseveró que solo saldría del país por temas importantes. Además se durmió durante el mensaje a la nación del pasado 28 de julio.
Mientras que desde el Congreso saludaron los cambios en las otras carteras.
Lo grave es que Boluarte Zegarra colocó a Durich Whittembury como titular del Ministerio de Vivienda. El citado fue involucrado en la red criminal del expresidente Pedro Castillo y Geiner Alvarado.
Whittembury fue secretario del investigado por corrupción Alvarado quien, según la Fiscalía, ordenó designar a recomendados de la investigada Sada Goray, dueña de MarkaGroup, en el Fondo MiVivienda.
Whittembury habría sido contratado en el cargo como parte de un plan que buscaba “copar los puestos claves” de ciertas entidades gubernamentales, con el fin de promover intereses criminales, según el portal Convoca. El ahora ministro indicó en ese momento que fue contratado por sus capacidades y negó ser parte de la red criminal.
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