El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que la Cancillería peruana inició los estudios jurídicos sobre el otorgamiento del salvoconducto a la excongresista Betssy Chávez, luego de que México le concediera asilo político el 3 de noviembre. El canciller precisó que el análisis legal está a cargo del área jurídica y que el Gobierno será el encargado de emitir una respuesta oficial.
“Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado”, señaló en entrevista con Canal N.
De Zela agregó que la decisión se conocerá pronto, aunque evitó precisar una fecha concreta. “En unos breves días se tendría listo el informe”, dijo, pero aclaró: “No me atrevo a poner un plazo, esto no es un tema matemático, es un tema jurídico que hay que verlo con seriedad”. Confirmó además que Chávez se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.
El canciller también cuestionó duramente la postura del gobierno mexicano frente al caso. “El gobierno de México, el anterior y actual, han tenido una actitud de constante intervención en los asuntos internos peruanos desde diciembre de 2022. La posición que ellos han tomado está basada, lamentablemente, no en la realidad, no en lo que está ocurriendo en el Perú, sino en una posición ideologizada”, expresó. “Ellos han construido una realidad paralela que no se condice con lo que está ocurriendo realmente en el Perú. No aceptamos la posición del gobierno de México, consideramos que es una posición equivocada”, enfatizó.
Actualmente, Betssy Chávez está procesada por el presunto delito de rebelión debido a su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, liderado por Pedro Castillo. La Fiscalía la investiga como coautora y ha solicitado 25 años de prisión. De Zela recordó, además, que en 1950 el Perú negó un salvoconducto a Víctor Raúl Haya de la Torre, un antecedente histórico que podría influir en la decisión actual del Ejecutivo.
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