El Gobierno declaró en emergencia por 24 meses el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
La norma dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad.
El Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una aguda crisis, en las últimas décadas, debido a la sobrepoblación en los penales, que han rebasado su capacidad.
Se precisa también que, a agosto del 2024, hay 98 127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41 556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136 %.
“La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, señala la norma.
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