El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa planteada por el expresidente Pedro Castillo para anular investigación en su contra por delito de rebelión, abuso de autoridad en agravio del Estado y perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad.
Este pedido fue hecho por la defensa legal del exmandatario al argumentar que no existía el proceso de antejuicio político que permitiera levantar su inmunidad, así como su detención.
El magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del juzgado, rechazó la solicitud al considerar que el derecho de defensa del exmandatario “no se afectó sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaba un procedimiento de acusación constitucional en los términos del artículo 89° del Reglamento del Congreso”.
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