El abogado Juan José Quispe, representante del Instituto de Defensa Legal, cuestionó duramente la promulgación del Decreto Supremo N.º 003-2026-DE, que modifica el reglamento del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en zonas en estado de emergencia. 

En declaraciones al programa “Exitosa Perú”, el jurista lanzó una severa advertencia contra el gobierno de José María Balcázar: “Se ha otorgado una licencia para asesinar peruanos”, afirmó, generando preocupación en medio del actual contexto electoral.

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 2 de abril, establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en apoyo a la Policía Nacional del Perú en casos de terrorismo, minería ilegal, narcotráfico y protección de activos estratégicos. 

Según Quispe, este cambio abre la puerta a un escenario de impunidad, al permitir acciones militares en situaciones “extremas” donde se considere en riesgo la seguridad de la población, incluso antes de que ocurran hechos graves.

El especialista alertó que la medida podría tener consecuencias directas en eventuales protestas sociales, especialmente en el marco de las elecciones. “Si se sobrepasa la capacidad operativa de la Policía, las Fuerzas Armadas pueden utilizar sus fusiles de guerra, lesionar o asesinar peruanos, y esto podría darse en protestas”, sostuvo. Además, advirtió que la exoneración de responsabilidad penal en determinados supuestos podría generar un precedente peligroso en el uso de la fuerza estatal.

Finalmente, el abogado calificó la disposición como una “involución” en la delimitación de funciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas, recordando antecedentes recientes como las protestas de 2022 y 2023. “Esto es muy grave, porque se está dando la posibilidad de actuar de manera preventiva con resultados fatales”, enfatizó. En ese sentido, el debate sobre seguridad, derechos humanos y uso de la fuerza vuelve a posicionarse como un tema clave en la agenda pública peruana.