Juan Carlos Portugal, defensa legal de la exmandataria Dina Boluarte, rechazó este miércoles la iniciativa de la bancada de Ahora Nación de crear una comisión investigadora sobre las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. “Quienes van a conformar esa comisión necesitan cubrir favores de quienes los han acompañado en la campaña política; ese es el propósito, para mí. No hay mayor expresión de odio en un sistema democrático que una justicia política”, declaró Portugal, subrayando que el informe que emita dicho grupo “no servirá de nada porque la Fiscalía ya investiga el caso”.

El abogado enfatizó que su clienta no enfrenta restricciones legales ni patrimoniales, pues los pedidos de la Fiscalía fueron considerados apresurados por el Poder Judicial. “No hay evidencia de sospecha, ni la más básica, para imponer una medida de impedimento de salida del país. Después de cuatro años de investigación, no hay caso penal”, sostuvo. Portugal recalcó además que no se ha determinado que Boluarte haya ordenado ataques contra manifestantes tras la vacancia de Pedro Castillo, defendiendo que las acusaciones carecen de sustento jurídico.

La propuesta de la bancada de Ahora Nación busca esclarecer responsabilidades políticas en las muertes registradas durante las movilizaciones sociales que siguieron a la destitución de Pedro Castillo. Sin embargo, Portugal insistió en que cualquier informe que se genere será remitido a la Fiscalía, donde “le dirán gracias”, sin consecuencias legales.

El caso de las protestas continúa siendo uno de los episodios más sensibles de la política peruana reciente. La defensa de Boluarte sostiene que la expresidenta ha actuado conforme a la ley y que las investigaciones en curso no han hallado pruebas que la vinculen directamente con las muertes. “No es que haya una protección política, el Poder Judicial le dio la razón”, remarcó Portugal.