El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lanzó una dura crítica contra la iniciativa del Ejecutivo para reestructurar Petroperú y advirtió que un gobierno de transición, como el que encabeza José Jerí, no está facultado constitucionalmente para impulsar reformas de esa magnitud. El pronunciamiento se da tras la publicación de un decreto de urgencia emitido el pasado 31 de diciembre.
En entrevista con RPP TV, Gutiérrez sostuvo que la separación de poderes impide que una administración transitoria adopte decisiones estructurales sobre empresas estratégicas del Estado. “Un gobierno transitorio no puede hacer reformas de esa naturaleza”, afirmó, al remarcar que este tipo de cambios corresponden a autoridades elegidas mediante un proceso electoral completo.
El titular de la Defensoría anunció que su institución viene elaborando un informe que será presentado “en el más breve plazo”, en el que se evaluará si el decreto de urgencia que plantea la reestructuración de Petroperú es constitucional, viable y ejecutable. En ese contexto, deslizó una grave hipótesis: la posible infiltración de personas dentro de la empresa estatal con el objetivo de debilitarla desde su interior.
“Lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarla y colapsarla”, declaró Gutiérrez, precisando que el informe detallará cómo, según las primeras indagaciones, se habría intentado “implosionar” la empresa para justificar el escenario actual. Aclaró que aún no se pueden precisar nombres ni fechas, pero aseguró que los hallazgos serán sustentados documentalmente.
Finalmente, el defensor del Pueblo rechazó las acusaciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sugirió que estaría haciendo política para proteger intereses en Petroperú. Gutiérrez calificó esas declaraciones como “desafortunadas” y anunció una reunión con el premier el próximo 7 de enero, aunque adelantó que, desde su perspectiva institucional, el proyecto de reforma no podrá ejecutarse en los términos planteados.
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