El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que las denuncias constitucionales contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, serán archivadas, al considerar que a un jefe de Estado en funciones “no se le puede investigar y menos acusar”. En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público estaría incurriendo en una infracción constitucional al impulsar los procesos.
Durante una entrevista en RPP, Gutiérrez enfatizó que la Constitución establece límites claros en este tipo de acusaciones. “El artículo 117 declara plenamente que no se puede acusar a un presidente. Entonces, si no puedes hacerlo, ¿cómo vas a activar el proceso de acusación?”, cuestionó.
El defensor del pueblo criticó la postura del Ministerio Público y calificó su accionar como confrontacional e incompatible con la normativa vigente. “Si el Ministerio Público sienta una posición, es una posición institucional respetable, pero no está aparejado a la norma, a la Constitución, y por eso digo que se hace mal porque innecesariamente empiezas a hacer confrontaciones”, declaró.
Asimismo, Gutiérrez reiteró que las cinco denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía entre el 15 y el 16 de mayo serán rechazadas de manera inmediata. Aclaró que el motivo no radica en la falta de sustento probatorio, sino en la imposibilidad legal de procesarlas mientras Boluarte continúe en el cargo. “Ese atributo está entregado al Congreso de la república, pero a la misma vez se le dice que no puedes aperturar ninguna acusación cuando el presidente está en ejercicio”, explicó.
El defensor del pueblo también señaló que las denuncias no quedarán archivadas de manera definitiva, sino que podrían reactivarse en el 2026, una vez que la mandataria deje el cargo. “Se van a activar apenas la persona deja de ocupar el cargo y el Congreso, el que se instale en el 2026, va a empezar a revisar todos esos casos y empezará a hacer la acusación por los delitos de función”, afirmó.
Este pronunciamiento refuerza el debate sobre los límites constitucionales en la fiscalización de un presidente en ejercicio, en medio de una creciente tensión política y jurídica entre el Ejecutivo y las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.
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