La Defensoría del Pueblo advirtió a través de su Reporte de Conflictos Sociales N.° 266, el surgimiento de una nueva generación de conflictos vinculados a la minería ilegal. El informe identifica seis casos activos en distintas regiones del país, donde comunidades demandan la paralización de operaciones por el riesgo que representan para las fuentes de agua y el medio ambiente.
El reporte señala que los conflictos involucran a mineros ilegales, plantas de beneficio, asociaciones de productores, propietarios de terrenos, comunidades campesinas y pueblos indígenas. Según la Defensoría, el principal reclamo es proteger las cabeceras de cuenca y evitar la contaminación del agua destinada al consumo humano y la agricultura.
"La problemática central radica (...) en impedir la contaminación del agua destinada al consumo humano y uso agrícola", precisa el informe.
Entre los casos identificados figuran Huanta (Ayacucho), donde agricultores exigen detener la pequeña minería en Putka para proteger el sistema lagunario de Razuhuillca; Cahuacho (Arequipa), por actividades ilegales que afectan territorios y fuentes de agua; Pataz (La Libertad), por los impactos sociales y de seguridad de la minería ilegal; además de conflictos en Loreto y Madre de Dios, donde comunidades indígenas y mineros informales mantienen disputas con el Estado.
La Defensoría también advirtió que existen conflictos que ni siquiera son registrados oficialmente, como el caso de la planta de beneficio Yolita, en Chumbivilcas (Cusco), donde comuneros denunciaron contaminación ambiental, amenazas e instalación de infraestructura sin autorización.
El organismo sostiene que esta nueva conflictividad es más compleja porque enfrenta a comunidades con actores que operan fuera de la ley, sin canales institucionales de diálogo y, en muchos casos, vinculados a organizaciones criminales.
El Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 concluye que esta nueva modalidad de conflictos permanece, en gran parte, invisible para el Estado, lo que dificulta su atención oportuna.
