La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a la Policía Nacional del Perú (PNP) que toda intervención a la sede del Ministerio Público o eventual detención en su contra será ilegal e inconstitucional, salvo que exista una orden judicial que así lo disponga.
Esto fue en respuesta al oficio de la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la amenaza con usar la fuerza pública si no repone a Patricia Benavides.
En el oficio que remitió a la institución, Espinoza recuerda que la Constitución establece que la Policía no son deliberantes y que “están subordinadas al poder constitucional”, por lo que, “no puede irrumpir en las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación”.
“Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respeto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la Policía, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite”, se lee en el documento.
En esa línea, advirtió que los altos mandos que ordenen cualquier intervención de la PNP “estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales”.
En el oficio que remitió a la Policía, la fiscal de la Nación deja en claro que la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Delgado, “no es la autoridad competente para efectuar apercibimiento de esta naturaleza”.
Asimismo, asevera que el procedimiento disciplinario sigue en trámite ya que formuló recurso de oposición ante la JNJ debido a que la resolución no se puede ejecutar por tener serios vicios. Por ello, afirma, es que Patricia Benavides “no ha sido aún reincorporada al Ministerio Público como fiscal suprema menos como fiscal de la Nación”.
“Dicho esto, hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Disciplinario n.° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional", se lee en el documento.