La fiscal de la nación, Delia Espinoza, se pronunció tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal suprema Patricia Benavides ante el Congreso de la república, en la que solicita que sea acusada ante la Corte Suprema e inhabilitada por 10 años del ejercicio de la función pública. La demanda sostiene que Espinoza habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, al no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó la reincorporación de Benavides a su cargo.
En entrevista con Radio Yaraví, Espinoza señaló que aún no ha sido notificada de manera oficial. “No tengo temor a ninguna denuncia. La verdad, no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen, porque no he sido notificada todavía. Esa es una difusión pública, pero no sé de qué se trata”, afirmó, minimizando el impacto de la acusación. "En todo caso, yo responderé y no le doy mayor importancia, porque cuando se tiene la conciencia limpia no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación", resaltó.
La titular del Ministerio Público remarcó que estas acciones buscan desacreditar su gestión. “Me presentaré, haré mis descargos, como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado. Son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley, porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades”, enfatizó.
Espinoza también criticó las recientes modificaciones legislativas que, según indicó, debilitan la lucha contra el crimen. “Todo ese dinero que los criminales han obtenido mediante extorsiones puede ser incautado; sin embargo, con esta nueva ley incluso se tendría que devolver”, explicó. Recordó que el Ministerio Público ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Finalmente, la fiscal de la nación lamentó que “varias leyes que modifican la administración de justicia no hayan sido consultadas con el Ministerio Público”, lo que, a su juicio, afecta la capacidad de la institución para enfrentar la criminalidad organizada.
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