La exministra de Justicia Delia Muñoz alegó que el Congreso debe evaluar las acciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley de extinción de dominio.
La norma que el defensor pide declarar inconstitucional regula la extinción de dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas, permitiendo así que el Estado peruano los confisque de forma autónoma sin tener que esperar los resultados de procesos penales. La legislación vigente desde agosto de 2018, contemplada en el Decreto Legislativo 1373.
Un dato relevante es que esta acción legal podría beneficiar indirectamente a su hermana, Sara Gutiérrez Cóndor, quien tiene un proceso por extinción de dominio. Ante ello Josué Gutiérrez, respondió en Punto Final: “Nunca voy a caer bajo para poder yo, en mi representación de la Defensoría, ir a defender a una persona o a otra, siendo familiar o un anterior cliente”
Muñoz explicó que el mencionado decreto establece un régimen especial y draconiano para la extinción de dominio, y permite al Estado confiscar cuentas bancarias y propiedades, de personas que se sospecha han cometido delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, incluso sin una sentencia condenatoria previa. Según Muñoz, “la ley presume que dichos bienes provienen de actividades ilícitas y que nunca pertenecieron realmente a los acusados, sino al Estado”.
El Decreto Legislativo 1373 ha sido objeto de controversia desde su promulgación, con críticos que lo califican como cuestionable y discutible. Muñoz hizo énfasis en que “es un modelo que se viene utilizando como una herramienta contra la corrupción”. Sin embargo, la norma ha sido problemática, especialmente tras las modificaciones realizadas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018. Dichos cambios han generado discordia entre los investigados, dado que se han incautado bienes sin que se hayan presentado acusaciones formales ni se haya llevado a cabo un juicio oral.
Un vacío legal relevante es que en caso de que una persona sea posteriormente declarada inocente, el decreto no contempla la devolución de los bienes incautados, destacó Muñoz. Esta situación ha sido particularmente controversial, ya que los bienes pueden ser decomisados y subastados por el Estado aún cuando los procesos judiciales en contra de los acusados todavía no han concluido.
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