Keiko Fujimori fue denunciada ante la Fiscalía de la Nación por una presunta omisión relacionada con la permanencia de María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado, pese a que esta enfrentaba un proceso penal activo. La denuncia también alcanza a otros expresidentes y exministros de Justicia.

La denuncia fue presentada el 24 de septiembre y sostiene que Fujimori y su ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, habrían tenido la obligación de disponer la salida de Caruajulca y no lo hicieron. Es importante precisar que se trata de una denuncia y de los argumentos planteados por el denunciante, no de una condena contra los señalados.

El caso también comprende a la expresidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros de Justicia, así como a los expresidentes José Jerí y José María Balcázar y a sus respectivos titulares de Justicia. El denunciante sostiene que todos ellos tuvieron, en distintos momentos, la posibilidad de retirar a Caruajulca del cargo.

Caruajulca fue restituida como procuradora en mayo de 2024 mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo. Sin embargo, la denuncia cuestiona que, antes de esa restitución, ella ya enfrentaba un proceso penal formalizado por el Ministerio Público, en un caso donde el Ministerio de Justicia figuraba como agraviado.

El caso volvió a tomar fuerza tras un informe firmado el 16 de julio por el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana. En ese documento se solicitó autorización para investigar penalmente a Caruajulca y se señaló que habría omitido informar que tenía un proceso judicial pendiente cuando volvió a asumir el cargo.

El informe permaneció reservado hasta que fue difundido por el diario Expreso el 17 de septiembre. Tras esa publicación, el Senado citó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, para que explique la situación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además, la denuncia recuerda que el 26 de enero de este año un juzgado penal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra Caruajulca. Según el denunciante, esto significa que al asumir funciones el actual Gobierno ella ya tenía no solo un proceso abierto, sino también una condena judicial en su contra.