El abogado Javier Adrianzen Carreño presentó una denuncia penal contra la presidenta Keiko Fujimori, el primer ministro Luis Galarreta y los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. La denuncia cuestiona la publicación de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, porque no habría incluido las firmas de los máximos representantes de la Cámara de Diputados.

DENUNCIA. El recurso presentado ante el Ministerio Público incluye a Ricardo Montero, gerente de Publicaciones Oficiales del diario El Peruano, a quien el abogado señala como presunto cómplice primario por la publicación de la norma en una edición extraordinaria del 22 de octubre.

Adrianzen sostiene que la ley fue difundida sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la primera vicepresidenta de esa cámara, Analí Márquez.

Por ello, solicita que la Fiscalía de la Nación investigue a los cinco funcionarios, formule una acusación si corresponde y busque una condena que contemple reparación civil e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Entre las medidas que plantea, el abogado solicita que se disponga la detención en flagrancia de los denunciados, previa comunicación con el director de la Policía Nacional.

También pide que se reciban las declaraciones de los cinco denunciados y de Reto y Márquez, a quienes identifica como agraviados. Además, propone solicitar al Congreso una copia certificada de los antecedentes relacionados con la aprobación de la ley.

Estas medidas forman parte de las solicitudes del denunciante; su presentación no significa que la Fiscalía haya determinado la existencia de un delito ni que se haya ordenado la detención de los involucrados.

La denuncia también hace referencia a cinco leyes de 1992 que llevan las firmas de representantes de ambas cámaras del Congreso: el presidente del Senado, Felipe Osterling; el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar; y un senador y un diputado en calidad de primeros secretarios.

Según el documento citado por Adrianzen, esas normas señalaban que la ley había sido dada por el Congreso de la República del Perú. En cambio, la Ley 32743 indica que fue dada por el Senado de la República.

Este antecedente forma parte de los argumentos planteados para cuestionar la forma en que se publicó la norma de delegación de facultades.