Con la crisis en el Ministerio Público que involucra a congresitas y defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y con una presidenta Dina Boluarte denunciada constitucionalmente por homicidio calificado, el Perú se sumerge nuevamente en una desestabilidad política.
Todo inició el último domingo, cuando la fiscal Patricia Benavides decidió remover a Marita Barreto, al enterarse que estaba siendo investigada por liderar una red criminal junto a sus asesores.
Esa acción no fue suficiente para obstruir las investigaciones contra Benavides porque la madrugada del lunes el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder junto a la Diviac, continuaron con las diligencias y allanaron el Ministerio Público y la casa del principal asesor Jaime Villanueva.
Más tarde salieron a la luz los chats en los cuales Villanueva coordinaba con congresistas para obtener votos y lograr tres cosas: que Josué Gutiérrez sea el defensor del pueblo, inhabilitar a la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos y remover a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Entre los congresistas que menciona en las conversaciones están, Patricia Chirinos, Ilich López , Edwin Martínez, Gladys Echaíz y otros de diversas bancadas.
El cambio era para que se liberen de investigaciones en su contra. Las visitas de Villanueva a los legisladores quedaron registradas.
Los parlamentarios negaron todo, mientras Villanueva era detenido preliminarmente por 10 días tras salir de una clínica.
Horas más tarde, la fiscal Benavides emitió un pronunciamiento sin dar explicaciones del caso, descartando renunciar y por el contrario culpando al gobierno actual de querer desestabilizar la institución que lidera.
Además, denunció constitucionalmente a la mandataria Dina Boluarte, al premier Alberto Otárola y otros ministros por homicidio calificado en marco a las muertes durante las protestas en contra del régimen actual.
Sin embargo, la presidenta mediante un mensaje a la nación dejó en ridículo a Benavides, ya que el último viernes ella pidió ampliar dichas investigaciones por ocho meses sosteniendo que solo avanzaron el 20 %. Es decir, el 80 % lo terminaron en dos días. Boluarte Zegarra indicó que se trata de una maniobra política para distraer a la población de la acusación por corrupción contra Benavides Vargas.
Con estos nuevos hechos volvemos a la inestabilidad política donde altos funcionarios y autoridades se ven envueltos en actos de corrupción.
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